Una estrategia de energía y clima

No basta con que el Gobierno presente un proyecto de ley de cambio climático y transición energética; hay que actuar sobre el urbanismo, invertir en renovables y desarrollar redes de interconexión, para favorecer la competitividad y el empleo

En las últimas semanas se ha producido una gran alarma sobre los precios de la electricidad. Varias condiciones extraordinarias, como una demanda elevada en toda Europa por la ola de frío, muchas centrales nucleares francesas paradas por mantenimiento, gas caro y una baja disponibilidad de agua, viento y sol para la producción renovable han elevado los precios de la electricidad en toda Europa, España incluida. E, inevitablemente, han generado un debate sobre la necesidad de reformar el mercado eléctrico.

Un debate comprensible, pero que debe situarse en sus justos términos

El mercado eléctrico de corto plazo va a ser cada vez más volátil. Por una parte, la generación renovable, que tiene un bajo coste de funcionamiento porque usa un recurso gratuito (agua, sol y viento), baja los precios. Pero, cuando las condiciones meteorológicas son desfavorables hay que recurrir a otro tipo de centrales que elevan los precios porque tienen costes variables más altos, cada vez funcionan menos horas y tienen menos tiempo para recuperar sus costes fijos.

La volatilidad hace posible que funcione en cada momento la central de menor coste variable y permite a aquellos consumidores que pueden gestionar el perfil horario de su consumo aprovechar los momentos de menor precio. Y aunque es cierto que la mayoría de los consumidores domésticos y muchas empresas consumidoras no desean esa volatilidad, la reforma del mercado eléctrico no se justifica por esta única causa, aunque sí obliga a acentuar la vigilancia de los reguladores frente a posibles abusos del mercados enmascarados bajo “circunstancias objetivas extraordinarias”.

El mercado eléctrico necesita ser reformado sobre todo porque no revela el coste real de generar la electricidad. Y tampoco proporciona la señal de largo plazo necesaria para asegurar las inversiones en la generación renovable (que produce en las horas de recurso abundante y precios bajos y no podrá financiarse sólo con la venta de su electricidad en ese mercado de corto plazo) y en la generación firme que compensa la variabilidad renovable (cuya rentabilidad queda al albur de que los precios alcancen un nivel muy alto durante las escasas horas del año en que funcionen).

El mercado debe adaptarse al papel cada vez mayor que el sistema eléctrico va a jugar en la transición energética, con un mix de generación crecientemente renovable. Sin renunciar al mercado de corto plazo, debe impulsar la contratación a largo plazo, incentivar al más eficiente e innovador, sin generar sobrecostes a los consumidores, y proporcionar más transparencia y previsibilidad sobre el precio futuro de la electricidad tanto a productores como a consumidores. Además, va a ser necesario reestructurar la tarifa eléctrica y realizar un reparto diferente de los costes en ella incluidos.

Pero esa reforma es instrumental, y debe abordarse en el marco de un debate más amplio sobre la estrategia para transitar hacia un modelo energético descarbonizado, eficiente, competitivo, seguro y accesible para todos.

La intervención pública es necesaria para orientar el cambio del mix energético hacia las renovables y con ello combatir el cambio climático, proteger la calidad del aire y reforzar el suministro, planificar las infraestructuras de transporte, regular los monopolios de redes, establecer normas que impulsen el ahorro y la eficiencia en edificios, vehículos y procesos industriales, y asegurar la cobertura de las necesidades energéticas básicas.

Una estrategia de largo plazo con amplio consenso, al reducir la incertidumbre con una política energética más previsible, facilitará las inversiones necesarias para la transformación del sector, que son muy intensivas en capital y de muy largo plazo.

Necesitamos un enfoque sistémico. Cambiar el modelo de movilidad para combatir el cambio climático y mejorar el aire de las ciudades exige actuar sobre el urbanismo y la ordenación del territorio, las infraestructuras de transporte, el acceso a las grandes ciudades, las características técnicas de los vehículos y la fiscalidad. Descarbonizar el sector eléctrico requerirá no sólo invertir en renovables sino también desarrollar interconexiones, almacenamiento, redes de distribución más inteligentes, y ciudadanos más activos en la gestión de su producción y de su consumo. Decidir sobre el papel y el horizonte temporal de la energía nuclear y del carbón como energías de transición hacia un futuro plenamente renovable requerirá evaluar la senda más eficiente para su sustitución teniendo en cuenta costes, emisiones y restricciones técnicas.

Solo así aseguraremos una transición energética que fortalezca la competitividad industrial y el empleo, que no genere desigualdad y que proteja a los consumidores más vulnerables en su acceso a los suministros energéticos básicos.

Necesitamos una estrategia coherente y sostenida en el tiempo, con un amplio consenso sobre sus objetivos y líneas de actuación. No basta con que el Gobierno presente un proyecto de ley de cambio climático y transición energética, como ha anunciado, acompañado de una memoria para cumplir el expediente. Debemos debatir una Estrategia de Energía y Clima, algunos de cuyos contenidos tal vez deban ser recogidos posteriormente en una ley, con un formato que facilite la participación y el consenso.

Una Comisión Nacional de Energía y Clima, impulsada por el Gobierno al máximo nivel, para asegurar el impulso político y la coordinación de las diferentes áreas competenciales, en la que participen otras administraciones y expertos independientes, podría encargarse de elaborar una propuesta de Estrategia de Energía y Clima a 2050, coherente con los objetivos del Acuerdo de París contra el cambio climático, y un Plan de Energía y Clima a 2030 acorde con nuestros compromisos en el marco de la UE.

Deben ser documentos que identifiquen las alternativas políticas más relevantes y analicen su viabilidad técnica y su impacto económico, ambiental y para la seguridad de suministro. Propuestas abiertas a las aportaciones desde el ámbito político, empresarial, social y académico, finalizando su tramitación con su debate y aprobación por el Parlamento.

Para un país como el nuestro, pobre en recursos fósiles, con abundante recurso renovable y apreciable capacidad tecnológica en este campo, el consenso sobre una transición energética ordenada y ambiciosa constituye una gran oportunidad de crecimiento, empleo y calidad de vida.

Luis Atienza Serna ha sido ministro socialista y presidente de Red Eléctrica de España.

FUENTE: https://elpais.com/elpais/2017/03/08/opinion/1488990167_289458.html

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