El Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), presentado por el Gobierno en Bruselas, prevé la instalación de más 50.000 MW de nueva capacidad renovable en la próxima década, lo que va a provocar una profunda transformación del mix eléctrico para que en 2030 tres cuartas partes de nuestra electricidad tenga ese origen.

Esta apuesta está más que justificada por nuestro compromiso con el clima, pero también por la competitividad alcanzada por las energías fotovoltaica y eólica, cuyos costes actuales son ya inferiores a los de las energías térmicas a las que están sustituyendo, y lo serán aún más en el futuro. Los estudios proyectan para 2030 unos precios medios de la electricidad en el mercado ibérico inferiores a los de Centroeuropa, lo contrario de lo que sucede ahora. Es un buen horizonte para nuestra factura eléctrica y nuestra competitividad, si hacemos las cosas bien y aprovechamos que estamos bien dotados de sol y viento, los recursos energéticos relevantes en las próximas décadas.

¿Será el mercado de energía eléctrica actual, organizado o bilateral, capaz de movilizar la inversión en las renovables que necesitamos hasta 2030? En mi opinión no será suficiente, y creo además que un sistema de subastas de renovables bien diseñado y ejecutado sería un instrumento más adecuado para una transformación ordenada, eficiente y segura de la generación eléctrica hacia la descarbonización.

Aunque ahora hay una gran fiebre renovable, en particular fotovoltaica, con promotores atraídos por la expectativa de obtener en el mercado en los próximos años un precio —determinado por el coste de la energía térmica a la que sustituye— superior al coste de los nuevos proyectos, ese precio va a resultar insostenible a medida que vaya entrando nueva generación renovable, lo que hará más difícil conseguir financiación para las inversiones. La generación renovable, que se caracteriza por su muy bajo coste variable y elevada simultaneidad, cuando alcanza altos porcentajes de penetración canibaliza su propio mercado, deprimiendo su precio.

En ese contexto, las subastas competitivas aparecen como una solución más adecuada: permitirían asegurar el cumplimiento del PNIEC, revelarían el coste más bajo en cada momento de la nueva generación renovable, facilitarían la financiación de las inversiones al reducir la incertidumbre sobre los flujos de ingresos, y harían que el consumidor se beneficiara de menores costes y menor volatilidad en su factura.

Además, las subastas favorecen la competencia al facilitar la participación de los productores independientes y, en el caso español permiten que los consumidores se beneficien con años de adelanto de la reducción de precios de las renovables. ¿Existe alguna ventaja en que los consumidores paguen la nueva producción fotovoltaica durante los próximos años al precio de la de un ciclo combinado? Obviamente, ninguna.

Las subastas deben hacerse en el marco de un calendario plurianual orientativo, flexible para adaptarse a cambios tecnológicos y económicos, que proporcione previsibilidad y continuidad a la cadena de valor del proceso industrial renovable, y facilite la integración eficiente y segura de la nueva generación renovable en el sistema eléctrico. Es importante aprovechar el continuo abaratamiento de las renovables, convertir la inversión en palanca de reindustrialización, y acompasar su desarrollo al del almacenamiento, las interconexiones y otras herramientas que doten de firmeza y flexibilidad al sistema eléctrico. Es deseable que las subastas se desarrollen en rondas frecuentes, una o dos al año, siempre que se asegure una competencia suficiente.

Existe hoy un debate abierto sobre si las subastas deben ser por tecnologías. Las diferencias en perfiles de producción, complementariedad y prestaciones al sistema eléctrico, y las preferencias por un mix equilibrado y otros criterios de política energética pueden aconsejar modular el principio de neutralidad tecnológica. Ahora bien, si son por tecnologías, la capacidad a subastar en las sucesivas rondas debe tener muy en cuenta la evolución de sus costes y sus prestaciones, para asegurar la senda más eficiente hacia la descarbonización.

También se discute si lo que debe fijar la subasta es una retribución a la inversión, como complemento a la que obtenga la generación renovable en el mercado, o una retribución a la energía producida. Ambas fórmulas tienen ventajas e inconvenientes. Me inclino por subastas de energía, que determinen para cada proyecto adjudicado un precio por MWh, a liquidar por diferencias respecto del precio del mercado.

Finalmente, es importante que el diseño de las subastas haga compatible el flujo previsible de ingresos para los inversores en renovables y el beneficio para los consumidores de suministrarse al coste medio de los más eficientes, con el buen funcionamiento de los mercados de energía y de servicios al sistema. Estos mercados mantienen su misión de proporcionar las señales económicas para el funcionamiento eficiente del parque de generación, del almacenamiento y de la gestión de la demanda. Adicionalmente, los generadores renovables deben tener incentivos para mejorar sus ingresos batiendo a sus comparables tecnológicos con mejores previsiones, menores desvíos, mejor programación del mantenimiento, hibridando su producción, combinándola con almacenamiento, o prestando otros servicios de flexibilidad al sistema eléctrico.

La descarbonización del sistema eléctrico mediante el aprovechamiento masivo de las renovables es un reto técnico, pero sobre todo una gran oportunidad económica para un país con tanto sol y viento, y tan dependiente de combustibles fósiles importados. Un buen sistema de subastas nos permitirá avanzar de forma ordenada, eficiente y segura, y convertir la descarbonización en palanca de competitividad y reindustrialización. Una tarea urgente para el próximo Gobierno.

Luis Atienza Serna

FUENTE: Expansión (17/07/2019)