Una recuperación verde

Hace tan solo unos meses, la Comisión Europea planteó su Pacto Verde como eje de la transformación de la economía europea hacia la eficiencia y la descarbonización. El objetivo era convertir el desarrollo tecnológico y una ambiciosa agenda por el clima en vectores de crecimiento, transformación y generación de empleo de calidad para la economía europea.

La propuesta era alentadora, pero en tan solo unas pocas semanas la pandemia Covid-19 y el consecuente parón de la actividad económica han cambiado radicalmente el escenario y han abierto el debate: ¿la situación actual constituye un freno para la transición energética o por el contrario es una oportunidad? En mi opinión, ambas cosas a la vez.

Aunque la caída de precios del petróleo y otros combustibles fósiles es en parte coyuntural, provocada precisamente por el parón económico, puede estar anticipando la pugna entre los productores por la gestión óptima de sus reservas a largo plazo, muchas de ellas condenadas a permanecer en el subsuelo como consecuencia de la reducción estructural de la demanda derivada del cambio tecnológico y las políticas del clima. Y si los bajos precios se mantienen, disminuirán los incentivos a la eficiencia, a la inversión en renovables y a la electrificación.

Otro gran freno puede ser el cambio en las prioridades de la agenda política. Porque las necesidades urgentes en materia sanitaria y de investigación, la compensación de las pérdidas de renta de los colectivos afectados, el sostenimiento del potencial productivo del tejido empresarial y la recuperación de su actividad van a generar una gran competencia por la atención y los recursos públicos. Todo ello combinado con la gestión de una sociedad más desconfiada hacia sus políticos y más demandante de protección por parte del Estado.

Por último, las familias serán más propensas al ahorro como consecuencia del ‘estrés postraumático’ y el deterioro de su situación, lo mismo que las empresas, por la contracción de sus inversiones debido a su debilidad financiera y a la incertidumbre sobre la demanda futura. Muchos frenos a la recuperación y también a las inversiones vinculadas a la transición energética.

Sin embargo, esta crisis también puede constituir una oportunidad para que las medidas que se adopten, al mismo tiempo que atienden las necesidades inmediatas derivadas de la crisis, contribuyan a un crecimiento más sólido y más sostenible a largo plazo.

Por un lado, los requerimientos de movilidad pueden reducirse. Una parte del teletrabajo ha llegado para quedarse, muchos viajes de trabajo y de ocio serán más prescindibles, y de esta crisis puede salir, para muchos sectores, por razones económicas y estratégicas, un mayor acercamiento físico de las cadenas de suministro.

Por otro, los bajos precios de los combustibles fósiles suponen una transferencia de renta de los países productores a los consumidores que puede utilizarse como palanca de recuperación. Es una oportunidad para una reforma de la fiscalidad energético-ambiental, con la introducción de un impuesto al CO2, preferiblemente a nivel europeo, y de impuestos a otras emisiones a nivel nacional. Será posible así obtener unos ingresos necesarios para financiar la recuperación, incluyendo la compensación a las industrias amenazadas en su competitividad internacional y a los sectores más vulnerables, al mismo tiempo que se pagan los costes ambientales y se mantienen las señales de precio que favorezcan la eficiencia y la descarbonización.

Finalmente, la recuperación va a requerir un gran estímulo al consumo y a la inversión para poner la economía a funcionar, compensando esa mayor propensión al ahorro de familias y empresas. Ahí, las inversiones en eficiencia y descarbonización bien orientadas son particularmente adecuadas para el relanzamiento de la economía. No solo aumentan la demanda ahora, generando empleo, tanto en recursos renovables autóctonos y en eficiencia energética como en sus cadenas industriales de valor, con la oportunidad de financiarse con tipos de interés muy bajos, sino que ahorran gasto futuro, fundamentalmente en la importación de combustibles fósiles.

El reto será cómo hacer todo esto compatible con unas finanzas públicas desequilibradas por la necesidad de atender las urgencias de la crisis. La respuesta está en crear marcos regulatorios, fiscales e institucionales estables, de largo plazo, que reduzcan la incertidumbre e induzcan la movilización masiva de gasto e inversión privada: en renovables y en capacidad e inteligencia de las redes eléctricas, en infraestructuras de recarga para la movilidad eléctrica, en renovación de la envejecida flota de automóviles por otros convencionales más eficientes —y cada vez más por vehículos eléctricos—, en renovación de electrodomésticos y sistemas de calefacción, en rehabilitación energética de edificios, etc.

Podemos conseguirlo, pero no lograremos que estos marcos para la inversión privada sean estables sin un amplio consenso político y social. Para una recuperación firme y medioambientalmente sostenible y una sociedad cohesionada, necesitamos un enfoque ambicioso, flexible, justo y, sobre todo, ampliamente compartido.

Luis Atienza Serna es presidente de Argo Capital Partners y fue presidente de Red Eléctrica de España.

FUENTE: El Confidencial

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